Introducción
El establecimiento de una cultura científica y basada en la evidencia representa uno de los desafíos estructurales para los sistemas de educación superior en Ecuador y Latinoamérica en general (Moreta-Herrera, 2019). En Ecuador, esta necesidad es relevante para las transformaciones económicas, sociales y productivas actuales en el contexto de la globalización (aunque en crisis), la transformación digital (con sus riesgos tecnológicos) y la innovación en sus múltiples aristas basadas en el conocimiento, así como por la situación económica actual del país. Así, la investigación en áreas como los negocios, la economía, la administración, las finanzas y la educación superior no pueden entenderse simplemente como una actividad complementaria de las universidades y colegios, sino como un componente estratégico para el desarrollo nacional y la generación de soluciones (Raman et al., 2023) y que permitan un avance social en general.
En los últimos años, el Ecuador experimenta un proceso gradual de fortalecimiento de su sistema de educación superior. A través de reformas dirigidas a mejorar la calidad académica, la acreditación institucional y la productividad de la investigación (Landázuri-Espinoza, 2024). Y que provoca un aumento tanto en el patrimonio del conocimiento como en el número de personas involucradas en esta dinámica; aunque principalmente desde una perspectiva descriptiva más que aplicada. Sin embargo, persisten limitaciones que son explicada por la limitada inversión en ciencia, investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la débil colaboración entre universidades, sociedad y sectores económicos, y una limitada cultura de investigación aplicada en el gobierno, las empresas y los comercios (insuficiente cooperación interinstitucional) (Landázuri-Espinoza, 2024), lo cual debilita el desarrollo de una investigación propositiva y resolutiva con respuestas sólidas y consistentes.
La literatura muestra que la investigación es fundamental para las universidades modernas y un elemento esencial para el desarrollo económico (Castro Maldonado et al., 2023; Gómez & Soto, 2022) que se debe a la doble función que cumplen. Por un lado, generan capital humano especializado que adquieren competencias complejas; y por otro, producen conocimiento científico y soluciones que pueden transferirse a la sociedad y a la economía para beneficio mutuo. En economías emergentes como la del Ecuador, estas funciones son aún más relevantes, dada la necesidad de expandir y diversificar la estructura productiva nacional, reducir la dependencia de la producción primaria y elaborar productos con mayor valor agregado que compitan en el mundo.
En este contexto, la investigación económica y de los negocios, es una herramienta indispensable para comprender los fenómenos relacionados con la productividad, la innovación, el emprendimiento, la sostenibilidad organizacional y la competitividad en nuestro país y especialmente en contextos tradicionalmente marginadas de los debates científicos. Esto se aplica a la economía ecuatoriana, caracterizada por un elevado número de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Muchas de las cuáles enfrentan desafíos como financiamiento, transformación digital, gestión estratégica y adaptación a los mercados globales (Vélez & Chamba, 2017); y, por lo tanto, requieren de apoyo, supervisión y seguimiento técnico. El generar conocimiento científico sobre estos fenómenos permitiría comprender la situación económica actual Ecuador y el funcionamiento del sector privado en general, para así desarrollar políticas públicas y modelos de intervención y apoyo más eficientes, adaptados al contexto nacional y con sostenibilidad a partir de la evidencia, la aplicación de los modelos teóricos actualizados y las experiencias adquiridas que necesitan también ser estudiadas.
Sin embargo, uno de los retos del sistema académico ecuatoriano radica en la brecha entre la producción académica y la aplicación práctica del conocimiento. En muchos casos, la investigación universitaria se realiza con fines académicos o para cumplir con los requisitos de acreditación institucional, sin establecer mecanismos para la transferencia de conocimiento a la economía, las instituciones públicas o la sociedad. Esto limita el impacto social de la ciencia y sus aplicaciones, y reduce el potencial para consolidar ecosistemas de acción innovadores e integrados socialmente.
Desde esta perspectiva, las universidades ecuatorianas deben fortalecer sus vínculos con el sector productivo mediante proyectos de investigación aplicada, incubadoras, redes de innovación y programas de transferencia de tecnología; es decir, deben promover el desarrollo basado en el conocimiento a través de la interacción entre universidades, empresas y gobierno (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Además, la investigación en educación superior es un área prioritaria debido a las transformaciones pedagógicas y tecnológicas que experimentan las universidades modernas. Estas transformaciones deben planificarse cuidadosamente para garantizar sus beneficios para la sociedad en su conjunto. Sin investigación pertinente, las universidades corren el riesgo de implementar cambios inconexos o basados únicamente en tendencias externas.
La producción científica contemporánea en los negocios, la administración y las finanzas requieren de diseños de investigación sólidos, análisis estadísticos avanzados, transparencia de datos y publicación en revistas indexadas de alto prestigio. La consolidación de las redes de investigación, los programas de doctorado y las colaboraciones interdisciplinarias también son fundamentales. Pero también es altamente necesario que estos conocimientos sean llevados a la realidad, al día a día de las personas y puedan se probados, puestos en práctica y mostrar resultados tangibles que permitan alcanzar el desarrollo nacional.